Por Nelson Rojas
En muchos países, la ultraderecha ha convertido la inmigración en uno de sus principales temas políticos. Sus dirigentes suelen presentar a las personas migrantes como una amenaza para el empleo, la seguridad, la identidad nacional o los servicios públicos. Así, problemas complejos adquieren un culpable visible y una respuesta aparentemente sencilla: cerrar fronteras y restringir derechos.
Aunque sus discursos varían según el país, comparten una idea central: la nación debe pertenecer, ante todo, a quienes consideran parte de un grupo cultural, étnico o religioso. Desde esa perspectiva, la llegada de personas de otros lugares se describe como una pérdida de identidad o una invasión, incluso cuando la migración también responde a guerras, pobreza, persecución o búsqueda de oportunidades.
Esta retórica puede influir en las políticas públicas y en la vida cotidiana. Cuando se asocia a las personas migrantes con la delincuencia o el abuso de recursos sin pruebas suficientes, se alimentan prejuicios y se dificulta la convivencia. También se invisibilizan sus aportes: muchas trabajan en sectores esenciales, sostienen economías locales y enriquecen la vida cultural de las sociedades que las reciben.
Eso no significa que los países no puedan debatir cómo gestionar la inmigración. Las políticas fronterizas, la integración y la distribución de recursos son asuntos legítimos de discusión. La diferencia está en abordarlos con evidencia y respeto, en vez de convertir a un grupo entero en chivo expiatorio.
Por eso, calificar de antinmigrante a una parte importante de la ultraderecha mundial no es solo describir una postura sobre las fronteras. Es señalar una visión política que suele definir quién merece pertenecer y quién debe quedar excluido. Revisar críticamente esa ideología permite defender un debate migratorio más informado, humano y democrático.
