Por Nelson Rojas
La crisis de Haití no se resolverá únicamente persiguiendo a los hombres armados. Desmantelar las bandas es indispensable, pero también lo es investigar quién les consigue las armas y las municiones, quién les abre rutas de abastecimiento, quién les presta protección política o institucional y quién convierte sus ganancias ilícitas en dinero aparentemente legal. Mientras esas redes sigan intactas, las organizaciones criminales podrán reponer sus recursos y reconstruir su poder.
El punto central es seguir el dinero hasta sus beneficiarios. La violencia no se sostiene solo con fusiles: requiere pagos, transporte, intermediarios, comunicaciones, compra de municiones y acceso a mercados clandestinos. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describió diversas fuentes de ingresos para las bandas haitianas, entre ellas pagos de figuras políticas y empresarios corruptos, extorsiones a negocios y ganancias de otras actividades criminales. El mismo informe advirtió que en Haití se cree que algunas ganancias ilícitas se lavan mediante empresas, sociedades pantalla, bienes raíces y estaciones de combustible. Eso identifica posibles vulnerabilidades dentro de Haití; “no demuestra, por sí solo, que una compañía o inversión dominicana específica haya financiado bandas”. Para sostener una acusación de ese tipo hacen falta pruebas financieras y judiciales.
Seguir las armas, pero también a quienes las hacen llegar
Los informes de Naciones Unidas describen rutas de tráfico de armas hacia Haití que pasan por distintos puntos de la región, incluida la República Dominicana. Eso no equivale a decir que un país entero esté detrás de las bandas: significa que el territorio, los puertos, las carreteras y los cruces fronterizos pueden ser utilizados por redes criminales. Las investigaciones deben identificar a cada eslabón: compradores, intermediarios, transportistas, funcionarios corruptos y receptores finales.
También hay hechos que ameritan una rendición de cuentas rigurosa. En 2024, autoridades dominicanas arrestaron a un coronel y a otros nueve agentes acusados de sustraer armas y municiones de un depósito policial y venderlas ilegalmente, incluso a personas vinculadas con Haití. En 2025, un informe de Naciones Unidas registró incautaciones de armas y municiones en zonas fronterizas entre ambos países, incluidas operaciones con participación de las autoridades aduaneras. Estos casos muestran que existen riesgos concretos y respuestas institucionales; no prueban que las autoridades dominicanas, como conjunto, hayan protegido el tráfico. Precisamente por eso se necesitan investigaciones transparentes, seguimiento judicial y datos públicos sobre sus resultados.
La pregunta dominicana: ¿qué se investigó y qué falta por investigar?
La República Dominicana tiene razones de seguridad nacional para impedir que armas, municiones y dinero ilícito crucen su territorio hacia Haití. Por eso es legítimo exigir explicaciones a los organismos responsables de inteligencia y seguridad, incluidos el DNI, los servicios de inteligencia militar, las aduanas y las unidades de investigación financiera: ¿qué redes han identificado?, ¿qué casos han llevado ante los tribunales?, ¿qué bienes se han incautado?, ¿qué controles existen para rastrear municiones y armas desaparecidas?
No basta con afirmar que hay vigilancia en la frontera ni con exhibir una incautación aislada. Hace falta conocer si las investigaciones conectan decomisos con compradores, empresas, cuentas bancarias, transportistas y posibles funcionarios implicados. Una frontera extensa y una red de contrabando no se controlan solo con patrullas: se necesita cooperación entre inteligencia, aduanas, fiscalías, bancos y autoridades de ambos países.
Tampoco se puede presentar como hecho probado que las autoridades dominicanas “se hacen los chivos locos”. Esa es una acusación política que debe sostenerse con pruebas. Pero sí es razonable preguntar si se ha investigado a fondo cada ruta, cada decomiso y cada denuncia, y si los resultados se han hecho públicos. Cuando hay casos de tráfico y faltan explicaciones, el silencio institucional alimenta la sospecha, aunque no demuestre por sí mismo complicidad.
Dinero, combustible e intereses económicos
El sector combustible merece atención porque ocupa un lugar estratégico en la economía haitiana y ha sido objeto de presión y control por parte de grupos armados. La UNODC ha señalado que las estaciones de combustible pueden ser utilizadas para lavar ganancias ilícitas dentro de Haití; además, los informes sobre la crisis haitiana describen cómo las bandas han buscado controlar depósitos, rutas y otros puntos claves de abastecimiento. Pero de ahí no se desprende automáticamente que los inversionistas dominicanos en combustible, ni las empresas de un sector entero, financien a las bandas. Esa conexión debe probarse caso por caso, siguiendo pagos, propietarios reales, contratos, sociedades intermediarias y transferencias.
La investigación no debe detenerse en el sector energético. También debe examinar comercios, transporte, bienes raíces, compañías de seguridad, remesas y empresas que puedan servir para ocultar beneficiarios o mover fondos. El objetivo no es acusar sin pruebas, sino impedir que una estructura criminal se esconda detrás de negocios legales y que los responsables queden protegidos por su poder económico o político.
Ni chivos expiatorios ni impunidad
Haití necesita recuperar la seguridad, pero una operación contra las bandas que ignore a sus financiadores corre el riesgo de convertirse en una solución temporal. Si arrestan a un grupo armado, pero quienes le venden municiones, administran sus ingresos y garantizan su protección quedan intocados, la organización puede reorganizarse y volver a operar.
La República Dominicana, por su parte, debe demostrar con investigaciones verificables qué está haciendo para cerrar sus rutas de tráfico y perseguir a cualquier funcionario, empresario o intermediario que facilite esos delitos. Eso exige publicar resultados compatibles con el debido proceso, fortalecer las fiscalías y las unidades financieras, investigar el origen de las armas y cooperar con Haití y con los países desde donde se abastecen las redes. Los informes de Naciones Unidas han señalado vínculos transnacionales y decomisos en la frontera; el desafío es convertir esos indicios y operativos en investigaciones que lleguen hasta los autores y beneficiarios.
El gran problema haitiano no son solo las bandas. Es también la estructura que las alimenta y se beneficia de ellas. Desmantelarla requiere valor para perseguir a los hombres armados, pero también rigor para seguir el dinero, identificar a los intermediarios y sus finaziadores.
